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Perotti participó de la apertura de ofertas para la construcción de un nuevo edificio de los Tribunales en Casilda

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El gobernador Omar Perotti participó este martes de la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción de un nuevo edificio para los Tribunales en la ciudad de Casilda. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de $1.374.237.575 y un plazo de obra de 730 días.

Asimismo, el mandatario provincial y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, firmaron dos convenios de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permitirán la agilización de trámites con la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Tras el encuentro, desarrollado en el salón de actos del Palacio de Tribunales en la ciudad de Santa Fe, Perotti destacó como “hechos muy importantes. En primer lugar, un llamado a licitación que se ha realizado para llevar adelante los edificios de Tribunales en la localidad de Casilda. Se trata de un fuerte proceso que lleva adelante la Corte para ir mejorando la infraestructura de cada uno de los edificios, generando las mejores condiciones para el acceso a la justicia y el desenvolvimiento de la actividad profesional”, dijo el gobernador.

Y agregó: “Sin duda que es una obra muy esperada, 15 años esperándola. Hemos tenido la posibilidad de ir trabajando juntos con la Corte en la finalización del edificio de Reconquista, en lo que próximamente será Cañada de Gómez, ahora en Casilda y en un avance para tener un predio en Rafaela”.

Por otro lado, el gobernador también se refirió a los convenios firmados y afirmó que “nos facilitan la posibilidad del acceso, tanto para trámites de niñez, como el funcionamiento y la posibilidad del acceso digital desde el uso de los profesionales con la Caja de la Ley 5110. Son trámites que llevan mucho tiempo y que, con este tipo de convenios, nos permite acelerar esos procedimientos, favoreciendo el acceso a la justicia, los tiempos y el desempeño de los profesionales. El avance de digitalización del Poder Judicial nos ha permitido a todos avanzar en los procesos de digitalización y en posibilidades que le dan a la gente mayor facilidad de acceso a la justicia”, concluyó el mandatario.

A su turno, Rafael Gutiérrez destacó “la importancia que este tipo de emprendimientos trae aparejado y que se repite en los últimos diseños arquitectónicos de los edificios judiciales, donde se plasma una vinculación superadora de este Poder Judicial para con la sociedad, no solo desde el aspecto cultural, sino institucional”, y agradeció al gobernador por “el acompañamiento brindado, el cual, seguramente, se replicará en los ambiciosos proyectos de este alto cuerpo”.

LAS OFERTAS

Al llamado a licitación se presentaron nueve oferentes, los que realizaron las siguientes cotizaciones: Dynale 1.747.300.000 pesos; Dyscon S.A. 2.150.686.052,57 pesos; Bordo Arquitectura S.R.L. 1.657.225.831,23 pesos; Coirini S.A. 1.685.017.679,56 pesos; la UT Adobe Construcciones S.R.L. – Planarco S.R.L. 2.169.982.321,80 pesos; la UT Edeca S.A. – Ingeniero Pedro Minervino S.A. 1.754.443.853,44 pesos; De Paoli & Trosce Construcciones 2.092.296.357,43 pesos; la UT Pecam S.A. – Mundo Construcciones S.A. 1.860.688.944,61 pesos; y finalmente la UT Cocyar S.A. – Capitel S.A. 1.980.503.484,09 pesos.

LA OBRA

El edificio contará con una superficie cubierta total de 5.504,39m2, distribuidos en 5 niveles, y una superficie semicubierta de 114,14m2. Todo el proyecto se desarrolló sobre un lote de 3.650 m2, emplazado entre las calles Ovidio Lagos, La Rioja, San Luis y Casado.

Esta obra permitirá una mejor distribución y ocupación de los espacios con respecto al Palacio de Justicia existente. De esta manera se podrán unificar las distintas dependencias judiciales dispersas en la ciudad, incluyendo al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), a quienes se les asignará los espacios correspondientes.

También contará con estacionamiento propio en el subsuelo, alcaidía, sala de efectos, cámara Gesell, salón de usos múltiples, salas de audiencias orales y dos salas de audiencia IPP (Investigación Penal Preparatoria), entre las funciones específicas más importantes.

Además, tendrá un sistema de control unificado de la infraestructura consistente en un sistema de vídeo vigilancia, sistema de alerta y extinción de incendio, un grupo generador de energía eléctrica interrumpida, y sistema de acondicionamiento de aire central.

Asimismo, las instalaciones contarán con monitoreo central; alarma para detección de incendios con monitoreo propio y remoto; cableados estructurados para redes informáticas y telefónicas independientes e intercambiables; central de datos informáticos; central telefónica; ascensores de uso público general, de uso restringido para traslado de detenidos, y de uso privado para desplazamiento de magistrados y funcionarios; baños públicos y especialmente adaptados en todas las plantas, y privados en oficinas; sistemas integrados de control de acceso y registración de última generación; doble servicio de instalaciones eléctricas, por prestadora y grupo electrógeno; cochera para vehículos oficiales y/o traslado de detenidos; e instalaciones de alcaidía.

FIRMA DE CONVENIOS

Posteriormente, Omar Perotti y Rafael Gutiérrez firmaron dos convenios de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permitirán la agilización de trámites.

El primer acuerdo está relacionado al funcionamiento e intercambio de información de la Oficina de Procesos Sucesorios y demás órganos jurisdiccionales judiciales y la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110. Mediante el mismo las partes acuerdan disponer un mecanismo de comunicación, a los fines de evacuar los informes que brinda la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110.

Esos informes serán solicitados a la Caja por los profesionales que cuenten con firma digital (condición excluyente). El pedido se realizará a una cuenta de correo electrónico designada por la Caja y, cumplidos los requisitos de forma, luego la Caja remitirá el informe al órgano jurisdiccional correspondiente. Una vez recibido el informe en la dependencia judicial, la misma procederá a darle ingreso en el sistema informático SISFE del Poder Judicial, vinculándolo con el expediente respectivo.

Mientras tanto, el segundo convenio firmado establece que el Poder Judicial se comprometerá a poner a disposición de los profesionales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que intervengan en expedientes de tramitación en los Tribunales provinciales, una nueva modalidad de acceso al Sistema de Autoconsulta de expedientes habilitado en los distintos Fueros del Poder Judicial de Santa Fe.

Los profesionales habilitados ingresarán al Sistema con un Código de Seguridad Único y podrán consultar e interactuar en la totalidad de los expedientes en los que intervienen y que sea parte esta Subsecretaría. A su vez, la Subsecretaría se compromete a entregar dicho Código de Seguridad a cada uno de los profesionales que ésta designe, y a otorgar al Poder Judicial los datos de sus profesionales habilitados y sus actualizaciones, informando las novedades relacionadas con altas, bajas o modificaciones.

PRESENTES

Participaron de los actos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: Roberto Falistocco, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi, y Daniel Erbetta; y el procurador General, Jorge Barraguirre; la Defensora Provincial de Servicio Público, Jaquelina Ana Balangione; el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; la ministra de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena; el senador Eduardo Rosconi; y el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, entre otras autoridades.

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VENADO TUERTO -PULLARO Y CHIARELLA ENCABEZARON EL ACTO HOMENAJE AL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN

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VENADO TUERTO -PULLARO Y CHIARELLA ENCABEZARON EL ACTO HOMENAJE AL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN

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Pullaro: “Santa Fe es ejemplo en América Latina por la baja del delito y de la violencia”

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Este miércoles, en la sede de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el Día del Agente Penitenciario, que se celebra cada 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, patrona del Servicio Penitenciario Federal y de los servicios penitenciarios provinciales.

Durante su discurso, el mandatario recordó que, “hace tan solo dos años, teníamos inmensos problemas de seguridad pública. Muchos de esos conflictos se originaban en las cárceles de la provincia. Desde allí, algunos reclusos ordenaban extorsiones, robos y homicidios, creyéndose dueños de la calle”.

En ese sentido, valoró el compromiso del personal penitenciario: “Ustedes entendieron que tenían las herramientas y el respaldo necesario para poner orden en las cárceles, y eso se tradujo en mayor orden en las calles”.

Pullaro remarcó que Santa Fe, que “era una de las provincias con mayor tasa de violencia del país, hoy es ejemplo en América Latina por la baja del delito y de la violencia”. Subrayó además que ese logro es fruto del trabajo de “hombres y mujeres del Servicio Penitenciario y de la Policía de Santa Fe, que demostraron que no le temen a los delincuentes ni a los violentos, y que están devolviendo a la sociedad la paz y el orden que durante tanto tiempo se prometieron”.

En ese marco, agradeció el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y sus familias, y sostuvo: “Este Gobierno va a seguir invirtiendo en infraestructura como no lo hizo ningún otro en la provincia, para que tengan las condiciones de trabajo necesarias. También vamos a invertir en tecnología, para reforzar el control y lograr los niveles de tranquilidad que nuestra provincia necesita”.

“Ejemplo de protección”

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, destacó que la jornada representa “un homenaje a la entrega, el compromiso y el profesionalismo del personal penitenciario de nuestra provincia”, y agradeció a quienes, en este último año y medio, “demostraron que vocación y lealtad no son palabras vacías”.

Reconoció el trabajo conjunto de “profesionales, médicos, enfermeros, administrativos, todos los agentes que siempre están, que forman un equipo, una familia, un engranaje perfecto. Ustedes cambiaron este Servicio Penitenciario”.

Masneri recordó que tiempo atrás “la Fiscalía nos llamaba para decirnos que los homicidios, las balaceras y las extorsiones se ordenaban desde las cárceles”. Y concluyó: “Hoy somos un ejemplo de protección en la sociedad, reconocido por propios y ajenos. Desde todas las provincias, y desde Nación, están observando el excelente trabajo del Servicio Penitenciario de Santa Fe”.

Autoridades presentes

Del acto participaron también la vicegobernadora Gisela Scaglia; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez; el senador por San Jerónimo, Leonardo Diana; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; junto a autoridades provinciales de Seguridad, entre ellas el jefe y subjefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado y Daniel Filchel, y representantes de diversas instituciones.

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Santa Fe puso en marcha los narcotest a las fuerzas de seguridad y Pullaro se realizó el primero

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Este martes, en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro participó del lanzamiento formal de los controles antidoping para integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales. El mismo mandatario se sometió a los controles -en presencia de medios de comunicación que estuvieron en la actividad-, cuyo resultado se conoce de inmediato, y en su caso arrojó resultado negativo en las sustancias que se miden: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas. 

La medida se enmarca en el nuevo plan de fiscalización impulsado por esa cartera, que dispone la realización de narcotests sorpresivos, periódicos y no anunciados para policías, penitenciarios y autoridades políticas. La resolución fue firmada por el ministro Pablo Cococcioni, que también integra el padrón de personas sujetas a control y esta mañana realizó el suyo, también con resultados negativos.

Solo durante la mañana de hoy, se realizaron alrededor de 30 narcotest.

La implementación retoma una política que Pullaro ya había impulsado en 2017, cuando era ministro de Seguridad. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio”, subrayó.

“Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”, añadió el mandatario, y puntualizó que el test combina diferentes reacciones químicas: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

Pullaro destacó que “actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”.

Erradicar el consumo de estupefacientes

Los estudios serán realizados por laboratorios externos; los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, explicó Cococcioni. Los resultados quedarán a disposición de la autoridad correspondiente para adoptar las medidas que se determinen.

El funcionario aclaró que los controles son sorpresivos: “Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”.

La iniciativa busca detectar y erradicar el consumo de estupefacientes en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio. Además, se incorpora como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro. Añadió que se trata de “una política que forma parte de un conjunto de acciones de integridad tendientes a preservar instituciones cuya misión es proteger a la sociedad y que deben exhibir transparencia activa”.

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